DEFENSA Y SEGURIDAD - Como los teros
Como los teros
Un decreto que no aclara nada y oscurece grises busca confundir conceptos
para vulnerar el espíritu de las leyes. Su contenido y los anuncios de Campo de
Mayo abren interrogantes y ameritan temores. El gobierno se pliega sumiso a
prescripciones de los EEUU, acuciado ahora por su acuerdo con el FMI y las restricciones
presupuestarias que impone. De paso se habilita algunos negocios módicos.
El Presidente Macri modificó la reglamentación de la Ley de
Defensa establecida por el decreto 727/2006. Esto se inscribe en una serie de
dichos, normas y acciones; es un trazo más que va delineando una política.
Recordemos que a poco de asumir dictó el decreto 721/2016,
que deroga y modifica otros de Alfonsín (436/1984 y 101/1985), suprimiendo
facultades ministeriales y delegando en las Fuerzas Armadas procedimientos para
su autogobierno. Recordemos también que su decreto 656/2016 estableció el
carácter secreto para TODOS los fondos de inteligencia. Tengamos presente que
por decreto 228/2016, de Emergencia de Seguridad Pública, se habilitaron
adquisiciones por vías de excepción a la Ministra de Seguridad, sin licitaciones
públicas ni procedimientos habituales de transparencia, sin compulsa ni
necesidad de justificar precios, y sin planeamiento ni criterios de selección.
Todo discrecional. Y que el año pasado, sin que haya llegado a decreto, también
sin plan y sin criterio conocido, se promovió un largo listado de adquisiciones
militares desde nuestra Embajada en los EEUU, motorizado por dos diputados
oficialistas que no eran parte de la Comisión de Defensa, y que por correo electrónico
instaban a la Ministra de Seguridad a no
quedarse afuera.
Ahora el decreto 683/2018 elimina el atributo de estatal para la agresión externa que
debe conjurarse, y deroga el decreto 1691/2006 de Organización y Funcionamiento
de las Fuerzas Armadas, así como la mención a la participación de las Fuerzas
Armadas en la construcción de un Sistema de Defensa Subregional sudamericano.
El principal objetivo parece orientado a plegarse a la
política de seguridad hemisférica de los EEUU. Hay que ver el contenido de la
Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) que reemplaza las sancionadas
durante los gobiernos de Cristina Fernández (decretos 1714/2009 y 2645/2014).
¿Por qué evita el debate parlamentario? Puede argumentar que
no hace falta para modificar un decreto, pero esa verdad no quita esta otra: el
gobierno ataca y degrada el acuerdo principal y más estable desde la
recuperación democrática, plasmado en las leyes de Defensa, Seguridad e Inteligencia;
y pretende cambiar esa política sin discutirla en el Congreso, ni con el
sistema de partidos, ni en un amplio debate de cara a la sociedad argentina. Ni
siquiera busca discutirla en ámbitos profesionales ni de especialistas,
militares, policiales o académicos.
El Ministro de Defensa habla de "transformar el Ejército y convertirlo
en uno más liviano. Ya no hay más tanques y cañones, eso era en la guerra de un
Estado contra otro Estado”, (…) muchos
cuarteles van a cerrar y varios materiales que pertenecen a las fuerzas se van
a vender". Argumentan
que la guerra ha cambiado y que ya no es como en 1988, cuando se aprobó la Ley.
La cuestión en torno a la palabra estatal, sin embargo, pasa por otro lado.
Caído el muro de Berlín, desde los EEUU diseñaron un nuevo
horizonte para que las Fuerzas Armadas latinoamericanas sustituyeran la vieja y
funesta Doctrina de la Seguridad Nacional, que exportaron en tiempos de la
Guerra Fría y su pelea contra el comunismo. Narcotráfico, terrorismo, crimen
organizado y catástrofes naturales conforman desde entonces la doctrina de las
nuevas amenazas.
La Argentina no se plegó ante la presión y la insistencia de
los EEUU ni con Menem, ni con De la Rúa, ni con Duhalde ni con Kirchner. El
decreto 727/2006 cerró esa puerta por la que pretendía establecerse que la
defensa hemisférica es tarea de los EEUU, y que nuestros países sólo deben
tener policías, bomberos, o ser meros auxiliares tácticos de la política
imperial en los escenarios mundiales que decidan.
Lo nuevo, más que la modalidad de la guerra, es la decisión
del gobierno de someter nuestra política internacional a los dictados extranjeros,
en curiosa alianza de subordinación hacia los tres países que, año tras año,
votan en contra de Argentina por Malvinas: EEUU, Gran Bretaña e Israel.
Si la diferenciación de roles entre defensa nacional y
seguridad interior es una rémora del pasado, un concepto arcaico y superado,
¿por qué los EEUU mantienen su clara delimitación entre fuerzas armadas y
policías? ¿Por qué los EEUU no hacen lo que prescriben y por qué sus fuerzas
armadas no se dedican a las nuevas amenazas? ¿Son las nuevas amenazas de los
EEUU nuestras nuevas amenazas y son
los suyos nuestros objetivos
estratégicos?
No hace falta detallar el fracaso de medio siglo de guerra
contra las drogas, ni las graves y dolorosas consecuencias de involucrar a las
Fuerzas Armadas latinoamericanas bajo la supervisión de la DEA, ni cómo Méjico
–nada menos- busca salir de un atolladero que lo dejó con cientos de miles de
muertos y sus FFAA desquiciadas, todo para mantener regulado el flujo a los
consumidores norteamericanos.
En diciembre de 2016 el Ministro de Defensa argentino firmó
un convenio con la Guardia Nacional del Estado de Georgia, EEUU, de dudosa
conveniencia y vidriosos alcances, sobre cooperación ante emergencias y
catástrofes, seguridad fronteriza y en estados fallidos. Es otro de los caminos
del softpower, y aquélla fue la
institución que los EEUU eligieron para establecer vínculos con las fuerzas
armadas de los países post-soviéticos, renuentes ante sus viejos enemigos de la
Guerra Fría.
Crimen trasnacional y terrorismo tienen ambigüedad suficiente
para poner bajo sospecha a cualquier argentino que disguste al gobierno.
Dicen que suprimir el carácter estatal de la amenaza exterior
no implica que nuestros militares vuelvan a patrullar las calles y reprimir la
protesta social, fantasma que sería agitado por antimilitarismo ideológico y
temores nostálgicos. Miente a sabiendas. Puede que no patrullen principalmente
ni en lo inmediato, pero se habilita ahora a las FFAA a planificar, equipar,
entrenar y hacer inteligencia sobre el conflicto interior. Dicen que no es para
alarmarse, pero cabe hacerlo ante un gobierno cuya Ministra de Seguridad se
disfraza de militar y opina sobre defensa; mete presos a un adolescente y a una
interna psiquiátrica por amenazar al Presidente en su twitter; y ensalza como héroes a malos policías.
La nueva norma superpone roles entre fuerzas armadas y de
seguridad (art. 24 bis). Aunque no quede muy claro, el Secretario de Asuntos
Estratégicos intervendría en definir qué es un objetivo estratégico. De dudosa
virtud, el ménage à trois entre
Aguad, Bullrich y Pompeo agravará las confusiones, intromisiones y
cruzamientos. Habrá que ver, si definen que hay que custodiar Vaca Muerta, si
se inventan amenazas mapuches, se vigilan actividades gremiales, se analizan
vínculos y apetencias de petroleras extranjeras como Shell, o se registran actividades
sospechosas de millonarios británicos dueños de tierras, que usurpan lagos y
caminos.
Para dar barniz novedoso a las nuevas amenazas que ya tienen
30 años agregan dos matices, la hibridez de la guerra y la pelea en el
ciberespacio.
La hibridez traería complejidad y confusión, con el
uso combinado de fuerzas regulares e irregulares. La desinformación y
la aparatosa presencia militar en ofensivas limitadas e
intermitentes, borrarían los contornos entre la guerra y la paz. Los conflictos
híbridos implicarían esfuerzos a diferentes niveles para desestabilizar un Estado,
polarizar a su sociedad, e influenciar a los principales estrategas políticos y
responsables de la toma de decisiones, combinando la presión con operaciones
subversivas. El agresor actuaría de forma clandestina para no asumir la
responsabilidad o evitar posibles represalias. Los teóricos citan el caso
de Rusia en Ucrania, pero podría pensarse en algunas actitudes de los EEUU durante
la Primavera Árabe, o en su relación con países del Caribe.
¿Por qué lo invoca CAMBIEMOS? ¿Para defendernos de tales
actos o para practicarlos? ¿A dónde y ante quiénes? Las menciones a Venezuela
como principal amenaza en Sudamérica no parecen casuales. Prepararse para
concurrir en operaciones de guerra híbrida en el este europeo o en Medio
Oriente no parecen objetivos nacionales, ni tampoco hacer inteligencia en el
Mar de la China. Por otra parte, la guerra híbrida no hace que los rusos recorten
sus fuerzas regulares, que como tales intervienen en Siria, ni que los chinos
dejen de fortalecer sostenidamente sus fuerzas armadas convencionales, para
equiparar su poder militar con su poder económico.
La otra cuestión que aducen para borrar fronteras es la ciberdefensa.
Los europeos, en vez de consagrar la confusión, elaboraron el
manual Tallin, para contar con una herramienta que permita definir y precisar
cuándo un ataque cibernético constituye una agresión militar, estatal y
externa, que amerite represalias convencionales contra ese Estado atacante.
El ministro Aguad afirmó que Rusia interfirió las elecciones
norteamericanas a través de un sofisticado ciberataque, negado por Putin y por Trump.
Antes de desdecirse anunció la adquisición de un sofisticado software israelita para conjurar el
peligro. En vez de apostar al desarrollo tecnológico propio, en una materia en
que los argentinos en general y nuestros militares en particular se han
destacado, dispone la adquisición de paquetes enlatados, sin evaluación
conocida que la justifique.
Si analizamos cuánta importancia da CAMBIEMOS a tema tan
relevante, vemos que en lo que va del gobierno la única normativa dictada fue
la que convirtió la Dirección General de Ciberdefensa en una Subsecretaría con
exactamente las mismas misiones y funciones, y con dos direcciones nacionales y
seis direcciones generales. Contradictoriamente, la ejecución de partidas
presupuestarias de ciberdefensa hasta mayo de 2018 fue nula, cero.
Anuncian que se creará un Comando Conjunto de Ciberdefensa,
obviando que su creación es de mayo de 2014, y que dispusieron el año pasado la
venta de su sede, en Puerto Madero. No hay información sobre cuándo ni a dónde
se trasladaría, pero el actual edificio, inaugurado en 2015, será demolido para
que desarrolladores inmobiliarios construyan torres residenciales destinadas al
segmento más rico de población.
Este remate va en línea con el anuncio modernizador de la
venta de inmuebles asignados en uso a las Fuerzas Armadas. El año pasado se
remataron campos en pleno uso y producción en Córdoba y Mendoza, así como
terrenos junto a la cancha de polo en Palermo. También cedieron gratuita y
directamente instalaciones aéreas en Moreno para una empresa de cargas, y en
Palomar para que operen Flybondi y
otras empresas low cost. El destino
de Campo de Mayo es incierto, entre un área logística privada, la expansión del
relleno sanitario y una reserva natural cercana a emprendimientos inmobiliarios
privados. Las ventas parecen ir más rápido que las definiciones, y las ideas de
cierre de unidades y relocalización recuerdan borradores del año 2000.
El gobierno dice que busca reivindicar a la Fuerzas Armadas.
El trato para con los familiares del submarino ARA San Juan no parece ir en ese
sentido. Tampoco el intento de volver a los aumentos no remunerativos, ni la actualización
salarial por la mitad de la inflación estimada. Señala que llevamos décadas de
desinversión, pero reduce el presupuesto.
La calidad, el entusiasmo y la masiva presencia popular de
los desfiles durante el Bicentenario de Mayo, el traslado del sable corvo de
San Martín y el arribo de la Fragata Libertad a Mar del Plata, contrastan con
la confusión de fechas en los carteles del palco en el Bicentenario de la
Independencia, y con la cancelación lisa y llana del desfile, este año, por
falta de presupuesto. Ni siquiera se ha realizado aún la ceremonia de ascensos
suspendida en diciembre, que no implica mayores erogaciones.
“Queremos saldar la
deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas”, dice Macri. ¿A qué se refiere? Quizás hable de una deuda de los grupos
oligárquicos que se enriquecieron con la dictadura y eludieron hasta hoy
responsabilidades, juicios y condenas; la deuda de los civiles PROcesistas que,
tras quedarse con el dinero y transferir la deuda al Estado, se sacaron a los
militares de encima y les dejaron la culpa en exclusiva.
No es cierto que el príncipe de Talleyrand se haya inspirado
en CAMBIEMOS cuando dijo que la palabra
fue dada al hombre para ocultar su pensamiento; pero sí es cierto que Macri,
como los teros, grita por un lado mientras esconde su nido en el otro.
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