Modifican decreto reglamentario de la Ley de Defensa - MUCHO GRE GRE PARA DECIR GREGORIO
En sus fundamentos invoca dos argumentaciones como justificación, que
distan de ser novedosas. Son explicaciones o para públicos muy ajenos a la
cuestión, o para otros que, conociendo de la materia, juzguen sin embargo sólo por
previa convicción ideológica y adhesión partidista, con poco apego por los
hechos.
Una línea argumental es que en 2006 y por sesgo ideológico ingenuo y
antimilitar el gobierno populista contrarió la Ley de Defensa al limitar el
tipo de amenaza a prevenir, conjurar y repeler; estableciendo que debía ser una
amenaza militar estatal extranjera,
cuando la ley dice militar extranjera.
Cualquiera que razone con rudimentos lógicos advertirá que acotar y definir el
objeto no viola la ley ni la contraría. En todo caso podrá discutirse si es
pertinente acotarla de ese modo o de cuál, y por qué.
El otro argumento es que las cosas han cambiado y que ahora existen el
ciberespacio, los satélites, la inteligencia artificial y la robótica aplicada
a la guerra, y que las guerras se han vuelto asimétricas primero y luego
híbridas, y que por tanto es difícil distinguir el afuera del adentro, y por
eso las fronteras entre seguridad y defensa se borran. Esta tiene ropaje un
poco más modernista que la anterior, y nos interpela: ¿dónde queda el ciberespacio, eh?
En vez de estudiar para definirlo, investigar para precisar, simplifica
borrando y mezclando. Se ha dicho que “todo problema complejo tiene una solución
simple y plausible, que está equivocada”, y el gobierno libertarista lo
hace rito y escuela.
Las dos argumentaciones vienen siendo volcadas con profusión y desde tiempo
por EEUU en encuentros y canales hemisféricos. No hace falta historiar en estas
líneas la secuencia de la doctrina de la seguridad nacional, las small forces y
las nuevas amenazas ya no tan nuevas del narcotráfico, el crimen trasnacional y
el terrorismo.
Desde hace demasiado tiempo se viene presionando para que nuestras FFAA
no se dediquen a defender los intereses soberanos del país. El
desfinanciamiento es un vector concurrente, y otros son la distorsión de
objetivos para sacarlas de foco, y la policialización velada y gradual.
La subejecución presupuestaria y la suspensión de la Ley del Fondo Nacional de la Defensa, así como la reducción de efectivos y de horas de adiestramiento van por un andarivel paralelo.
De lo que se invoca como faltante, el decreto no incorpora nada que no
estuviera contemplado para instrumentarse, todo podía hacerse dictando
resoluciones y –aún- otros decretos. No es que libera de ataduras para cumplir
la misión, sino que delega para que se proponga e instrumente. Y lo hace sin
definiciones precisas. Favorece la confusión de límites y la mezcla de roles
preconizada. No es que estemos hablando de borrachines, pero recordemos aquel dicho popular sobre tomar alcohol de que lo que hace mal es la mezcla.
Presenta como logro innovador abordar la ciberdefensa, aunque el propio
decreto en sus fundamentos detalle antecedentes normativos de más de una
década, por vía de disposiciones, resoluciones y decretos. Ninguna capacidad es
habilitada por el decreto, salvo cortinas de humo y coartadas para desviar
recursos en pos de objetivos inciertos.
Se contradicen, ya que además de desfinanciar y abortar el desarrollo
autónomo, lo único que han hecho en un año es disponer la venta del Centro de
Ciberdefensa ubicado en Puerto Madero. Declaman objetivos estratégicos mientras
priorizan negocios inmobiliarios desde la AABE entregada en administración a
quien alojara al presidente en campaña, al presidente electo y al Presidente demorado
en mudarse a Olivos. La construcción del CCC no es obsoleta, ni readaptada. Se
trata de un proyecto cuya arquitectura y cuyo diseño de redes fue concebido y
ejecutado entre 2013 y 2015 por las propias Fuerzas Armadas según sus planes y
objetivos. Al igual que la red de fibra óptica de la defensa, que se administra
desde allí y enlaza los principales centros de la jurisdicción y los conecta
con los de ARSAT en Benavídez. Entre las frases que se atribuyen a Talleyrand
está aquella de que “la palabra fue dada
al hombre para disfrazar su pensamiento”. Esa frase también le cabe al
gobierno liberticida, aunque en el campo se lo compararía más bien con esos teritos
que gritan por un lado mientras ponen sus huevitos por otro.
Lo más probable es que el efecto del decreto en el corto plazo sea
reforzar el mando de Bullrich sobre Petris, y que eso se traslade al
funcionamiento de coordinación entre las
Fuerzas. Que replieguen personal de seguridad del control de fronteras, ríos y
lagos, para afectarlos a la represión interna; que atiendan con personal
militar en tareas policiales las necesidades de empresas multinacionales
extractivistas; y que al haber eliminado el plan de recategorización salarial
que estaba en marcha para las FFAA durante el anterior gobierno, terminen
estableciendo un paliativo para quien quiera migrar de fuerza o algún
suplemento no remunerativo para desplegarse en alguna de estas tareas. Ese
camino de policialización gradual y por goteo desvirtuaría y sacaría de foco a
las FFAA, y puede darse una especie de remake extendida con algún parecido a la
convocatoria hecha cuando la creación de la policía porteña.
Por otra parte, las apelaciones a nuevas tecnologías y la necesidad de
combatir al terrorismo, servirán de coartada para otra operación de
desconfiguración y dislocación de las Fuerzas Armadas respecto de sus objetivos
nacionales.
Conociendo los bueyes con que se ara, es de imaginar capacitaciones y formación en Israel y EEUU para servir a estrategias ajenas al país; y en cuanto a los sistemas de armas de nuevas tecnologías fomentarán compras enlatadas con menor control cuanto más duales.
Hemos visto en los últimos meses como, entre las sobreactuaciones
ministeriales de remoción de mandos militares, han filtrado y difundido
acusaciones entre ellos sobre la participación de efectivos en tareas de
inteligencia en favor de ciertas empresas extranjeras contra otras sobre
quiénes actúan sobre yacimientos de litio.
Sobre el final el decreto menciona
ARTÍCULO
20.- El MINISTERIO DE DEFENSA elaborará un “Proyecto de Directiva de Política
de Defensa Nacional” que reemplazará a la “Directiva de Política de Defensa
Nacional (DPDN)” y sus actualizaciones aprobadas por los Decretos Nros.
1714/09, 2645/14 y 457/21 y un Proyecto para establecer un nuevo “Ciclo de Planeamiento
de la Defensa Nacional” que reemplazará al aprobado por el Decreto N° 1729/07.
No hace falta ordenar en un
decreto que se elabore otro, pero se indica aquí cambiar el ciclo de
planeamiento y una nueva DPDN. Si la DPDN debe actualizarse cada cuatro
años, en agosto de 2025 ya sería el tiempo, con lo que otra vez, se escribe con
aire de importancia lo obvio y lo que está hecho. Que no les pase como a
aquellos cantores que mentaba Fierro, que sin largar se cansaban en partidas.
Cuando el artículo 20 repasa las
actualizaciones de la DPDN se soslaya en buena lógica la del año 2018. Aquella
que no se elaboró en el M. de Defensa sino que se envió por GDE desde Asuntos
Estratégicos y así se aprobó. En esa estaba ausente como amenaza la presencia
inglesa en Malvinas y su proyección marítima y antártica, mientras se planteaba
como principal amenaza regional a Venezuela.
Allí se preconizaba reducir las FFAA y vender cuarteles, campos, bases
aéreas y navales. Aguad la explicaba diciendo que ya no eran tiempos de
ejércitos pesados de tanques y de cañones, que ya no había guerras
convencionales, y que había que concentrarse en pocas unidades ágiles y
modernas; y que había que reducir efectivos. Cosas que ya hicieron y sobre la
que vuelven.
Vaya este ayuda memoria
MINISTERIO DE
DEFENSA - Decreto 703/2018 - 30/07/2018
CAPÍTULO l. Apreciación
del Escenario Global y Regional. Diagnóstico Regional
Este desarrollo
histórico se ha visto deteriorado significativamente en los últimos años
producto de la crisis que atraviesa la REPÚBLICA BOLlVARIANA DE VENEZUELA. El
gobierno venezolano persiste en sus esfuerzos por consolidar un régimen
autoritario que viola de manera sistemática las libertades fundamentales y los
derechos políticos de sus ciudadanos. La crisis política, humanitaria, social y
sanitaria que atraviesa la REPÚBLICA BOLlVARIANA DE VENEZUELA atenta contra la
consolidación de la zona de paz sudamericana, dado que afecta negativamente la
estabilidad de la región, especialmente la de los países vecinos. Estos últimos
enfrentan un creciente flujo de refugiados que impacta sobre las economías
limítrofes; generando condiciones propicias para la criminalidad organizada y
el narcotráfico, y produciendo un efecto derrame hacia el resto de la región
que debilita su gobernanza.
Desafíos
c. El Atlántico Sur
y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur
La REPÚBLICA
ARGENTINA mantiene su reclamo de soberanía sobre las ISLAS MALVINAS, GEORGIAS
DEL SUR Y SÁNDWICH DEL SUR y sus espacios marítimos e insulares. La reciente
mejora en la relación con el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
contribuye al logro de este objetivo nacional irrenunciable, ya que favorece un
espacio de oportunidad para incrementar la cooperación bilateral y promueve el
interés nacional de preservar y explotar los recursos naturales allí
existentes.
CAPÍTULO III.
Prioridades y
lineamientos para la reforma del Sistema de Defensa Nacional
3. Apoyo a la
política exterior
f. El MINISTERIO DE
DEFENSA deberá elaborar un plan de racionalización del despliegue de las
agregadurías militares, en concordancia con los objetivos de la política
exterior de la REPÚBLICA ARGENTINA.
II. Instrucciones
para la Reforma del Sistema de Defensa Nacional
Las organizaciones
y capacidades del Sistema de Defensa Nacional no involucradas en tareas
prioritarias y responsabilidades en tiempo de paz deberán reducir sus
estructuras de personal. Dichas organizaciones deberán mantener, actualizar y
desarrollar el conocimiento necesario para desempeñar sus funciones en tiempos
de paz con un mínimo de personal altamente capacitado, al óptimo nivel de
alistamiento. Asimismo, frente a situaciones de crisis o cambios en el contexto
estratégico, deberán contar con la capacidad de incrementar su tamaño mediante
la incorporación planificada de reservas.
1. Despliegue
militar
El plan de
reestructuración del Instrumento Militar adecuará el despliegue territorial a
las necesidades de la actual coyuntura estratégica y las exigencias de su
preparación para el empleo, abandonando el criterio de 'ocupación territorial'.
Asignará prioridad al alistamiento de organizaciones operativas completas y a
la eficiencia del funcionamiento de las guarniciones, con el propósito de
incrementar el alistamiento, flexibilidad, movilidad y capacidad de despliegue.
La concentración de unidades de maniobra con sus apoyos considerará la cercanía
a campos de adiestramiento, las características del ambiente geográfico para su
potencial empleo y la disponibilidad de facilidades logísticas para sostener su
funcionamiento.
El MINISTERIO DE
DEFENSA deberá elevar para consideración del PODER EJECUTIVO NACIONAL un
listado de instalaciones no necesarias desde el punto de vista de la Defensa
Nacional. Las propuestas de cierre y/o apertura de instalaciones militares
deberán ser acompañadas de un diagnóstico relativo a su impacto.
9. Estructura de
las FUERZAS ARMADAS y del ESTADO MAYOR CONJUNTO
… Esta
restructuración tendrá como objetivo primario que las FUERZAS ARMADAS estén en
condiciones de cumplir su función conforme los criterios de eficiencia,
eficacia, calidad y transparencia institucional. El plan considerará la
supresión de comandos intermedios carentes de finalidad práctica, la reducción
de las estructuras administrativas de las fuerzas, el fortalecimiento del
accionar militar conjunto y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de comunicación
e información.
Cuando dictaron aquella DPDN de
2018, derogada a comienzos de 2020, escribí lo que sigue:
Si la diferenciación de roles
entre defensa nacional y seguridad interior es una rémora del pasado, un
concepto arcaico y superado, ¿por qué los EEUU mantienen su clara delimitación
entre fuerzas armadas y policías? ¿Por qué los EEUU no hacen lo que prescriben
y por qué sus fuerzas armadas no se dedican a las nuevas amenazas? ¿Son las
nuevas amenazas de los EEUU nuestras nuevas amenazas y son los
suyos nuestros objetivos estratégicos?
No hace falta detallar el fracaso
de medio siglo de guerra contra las drogas, ni las graves y dolorosas
consecuencias de involucrar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas bajo la
supervisión de la DEA, ni cómo Méjico –nada menos- busca salir de un atolladero
que lo dejó con cientos de miles de muertos y sus FFAA desquiciadas, todo para
mantener regulado el flujo a los consumidores norteamericanos.
En diciembre de 2016 el Ministro
de Defensa argentino firmó un convenio con la Guardia Nacional del Estado de
Georgia, EEUU, de dudosa conveniencia y vidriosos alcances, sobre cooperación
ante emergencias y catástrofes, seguridad fronteriza y en estados fallidos. Es
otro de los caminos del softpower, y aquélla fue la institución que
los EEUU eligieron para establecer vínculos con las fuerzas armadas de los
países post-soviéticos, renuentes ante sus viejos enemigos de la Guerra Fría.
Crimen trasnacional y terrorismo
tienen ambigüedad suficiente para poner bajo sospecha a cualquier argentino que
disguste al gobierno.
Dicen que suprimir el carácter
estatal de la amenaza exterior no implica que nuestros militares vuelvan a
patrullar las calles y reprimir la protesta social, fantasma que sería agitado
por antimilitarismo ideológico y temores nostálgicos. Miente a sabiendas. Puede
que no patrullen principalmente ni en lo inmediato, pero se habilita ahora a
las FFAA a planificar, equipar, entrenar y hacer inteligencia sobre el
conflicto interior. Dicen que no es para alarmarse, pero cabe hacerlo ante un
gobierno cuya Ministra de Seguridad se disfraza de militar y opina sobre
defensa; mete presos a un adolescente y a una interna psiquiátrica por amenazar
al Presidente en su twitter; y ensalza como héroes a malos
policías.
La nueva norma superpone roles
entre fuerzas armadas y de seguridad (art. 24 bis). Aunque no quede muy claro,
el Secretario de Asuntos Estratégicos intervendría en definir qué es un
objetivo estratégico. De dudosa virtud, el ménage à trois entre
Aguad, Bullrich y Pompeo agravará las confusiones, intromisiones y
cruzamientos. Habrá que ver, si definen que hay que custodiar Vaca Muerta, si
se inventan amenazas mapuches, se vigilan actividades gremiales, se analizan
vínculos y apetencias de petroleras extranjeras como Shell, o se registran
actividades sospechosas de millonarios británicos dueños de tierras, que
usurpan lagos y caminos.
Para dar barniz novedoso a las
nuevas amenazas que ya tienen 30 años agregan dos matices, la hibridez de la
guerra y la pelea en el ciberespacio.
La hibridez traería complejidad y
confusión, con el uso combinado de fuerzas regulares e irregulares. La desinformación y
la aparatosa presencia militar en ofensivas
limitadas e intermitentes, borrarían los contornos entre la guerra y
la paz. Los conflictos híbridos implicarían esfuerzos a diferentes niveles para
desestabilizar un Estado, polarizar a su sociedad, e influenciar a los
principales estrategas políticos y responsables de la toma de decisiones,
combinando la presión con operaciones subversivas. El agresor actuaría de forma
clandestina para no asumir la responsabilidad o evitar posibles represalias. Los teóricos citan el caso de Rusia en Ucrania, pero
podría pensarse en algunas actitudes de los EEUU durante la Primavera Árabe, o
en su relación con países del Caribe.
¿Por qué lo invoca CAMBIEMOS?
¿Para defendernos de tales actos o para practicarlos? ¿A dónde y ante quiénes?
Las menciones a Venezuela como principal amenaza en Sudamérica no parecen
casuales. Prepararse para concurrir en operaciones de guerra híbrida en el este
europeo o en Medio Oriente no parecen objetivos nacionales, ni tampoco hacer
inteligencia en el Mar de la China.
Con variación de algunos nombres y fechas, conserva
algún parecido.
Entre los fundamentos
del decreto de ahora podemos leer estas definiciones que por supuesto
compartimos:
“las Fuerzas Armadas se justifican a
partir de la existencia misma del ESTADO NACIONAL”
“es responsabilidad del PODER EJECUTIVO NACIONAL, en tanto
comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación, establecer los
parámetros y criterios a tener en cuenta para la misión, organización y
funcionamiento del Sistema de Defensa, en general, y de las Fuerzas Armadas, en
particular, para que se constituyan en un instrumento válido de disuasión y de
acción efectiva, de acuerdo con la apreciación y la percepción de amenazas a
los intereses de la Nación y sus correspondientes riesgos presentes y futuros.”
¿Cómo se relacionan
estas definiciones para la identificación y el anticipo de amenazas con declaraciones
como “Amo
ser el topo dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado desde adentro”?
¿Los Fondos Buitre y empresas como Cambridge Analytica, que declararon
interferir en el proceso electoral argentino y en su política a fin de
asegurarse el cobro de sus tramoyas financieras, serían objeto de seguimiento
como amenazas a la integridad nacional?
También leemos en el
decreto -y coincidimos- que “no debe
delegarse en ningún sistema de seguridad supranacional, dado que nadie puede garantizar
y preservar los intereses del país mejor que el propio ESTADO NACIONAL”. Una
lástima que se
les pasara por alto al hablar en Ushuaia, cuando prometían a la Generala lo que
ni siquiera ella les pedía.
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