DEFENSA - entrevista para la revista ARES.

LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LA DEFENSA EN ARGENTINA

por José Javier Díaz*

Entrevistamos al Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, agrimensor Sergio Rossi, sobre los principales lineamientos políticos y proyectos que impulsa el Ministerio de Defensa a fin de consolidar la vigilancia, control y protección de nuestro país, así como su conectividad y proyección insular y antártica.

¿Cuáles son los principales lineamientos que rigen la Política de Defensa de la República Argentina?

Hay un marco general que definen las leyes de Defensa Nacional (23.554, del año 1988), de Seguridad Interior (24.059, de 1992), de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, (24.948, de 1998) y de Inteligencia Nacional (25.520, de 2001); y que complementan tres decretos: el Decreto 727/2006, Reglamentario de la Ley de Defensa; el Decreto 1691/2006, que aprueba la Directiva sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas; y el Decreto 1729/2007, que establece el Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional.

A partir de allí, esos lineamientos están expresados en la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), elaborada por el Ministerio de Defensa (MINDEF) y aprobada por decreto del Presidente de la Nación.

Hemos tenido cuatro directivas políticas de defensa nacional: Decreto 1714 de noviembre de 2009; Decreto 2645 de diciembre de 2014; Decreto 703 de julio de 2018; y la vigente, Decreto 457 de julio de 2021.

Allí se describen los escenarios regional y mundial y se formula una apreciación estratégica que sirva de base para el inicio al Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional (CPDN), que determinará la organización, despliegue, dimensión, capacidades militares, etc., que deben tener las Fuerzas Armadas.

En base a estas consideraciones nuestro país adopta una postura estratégica militar defensiva, autónoma y cooperativa, centrada en el plano regional sudamericano.

La creciente demanda mundial de agua, energía, minerales y alimentos, representa un factor de potenciales crisis y conflictos, por lo que se debe tener perspectiva sobre el valor estratégico de los recursos naturales, pesqueros, reservas de agua dulce, suelos fértiles, yacimientos de litio en el noroeste, o de hidrocarburos, convencionales y no convencionales como los de Vaca Muerta.

Un país, el nuestro, octavo en el mundo en superficie, relativamente poco poblado y con una histórica heterogeneidad en la distribución poblacional y sus infraestructuras logísticas y de servicios, debe tener en cuenta esto y sumar, a los aspectos geopolíticos y económicos, lo que implican, en cuanto riesgos asociados, avances tecnológicos en telecomunicaciones, el uso de internet, la futura red 5G, la inteligencia artificial y los satélites.

A los dominios tradicionales de tierra, mar y aire, en el planeamiento desarrollado a partir de la directiva de 2009 se sumó el ciberespacio. A partir de entonces se han ido desarrollando capacidades de ciberdefensa, con su marco normativo y doctrinario, formación de recursos humanos, infraestructura, desarrollos propios y adecuaciones en la carrera militar para poder dar incentivos a esta especialidad. La creación en marzo de 2021 del Instituto de Ciberdefensa de las FFAA ha sido un paso significativo.

En esta directiva y para este ciclo se señala la necesidad de tener una perspectiva militar sobre la cuestión espacial. Nuestro país, como todo el mundo, adopta de modo progresivo herramientas de uso civil y militar que utilizan las prestaciones que brindan la creciente diversidad de satélites. Argentina, además, fabrica sus propios satélites y tiene la capacidad de posicionarlos y ajustarlos en sus trayectorias. Nos falta todavía poder colocarlos en órbita con medios propios.

Se cumplen en este año 2023 cuatro décadas de funcionamiento democrático. Esas leyes que mencioné -las de defensa, seguridad interior e inteligencia- fueron parte de un acuerdo interpartidario sostenido que cerró el ciclo del golpismo militar que signó nuestro siglo XX. La sociedad argentina hizo un esfuerzo político y cultural enorme, que ha fructificado en esta normalidad institucional de Fuerzas Armadas plenamente integradas al dictado constitucional.

Este gobierno que se inició en 2019 ha tenido un rasgo que vale destacar. El discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa fue el primero, desde el 10 de diciembre de 1983, en que la mención a las FFAA fue exclusivamente referida a su misión y mirando a futuro; la primera vez sin alusión a la dictadura, a la represión o sus secuelas. Y hubo a continuación una mención significativa: se devolvería el rango de Secretaría al área de Cancillería de Malvinas, que había sido rebajada a Subsecretaría; y se dijo que sería Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, lo que supone una orientación geopolítica precisa. Definición importante que se refleja luego en la DPDN, el decreto 451 de 2021.

Poco después, al despedir a fines de febrero al contingente militar destinado a la misión de paz en Chipre, el Presidente habló de una vuelta de página, y recibió críticas. Algunas diciendo que pretendía abandonar las políticas de memoria, verdad y justicia, y otras diciendo que pretendía de modo oportunista e hipócrita congraciarse con las FFAA y aprovecharlas en clave partidista.

Lejos de eso, lo que el presidente hizo fue orientar la mirada hacia el futuro, hacia la misión principal de custodia de los intereses soberanos, y hacia el polo sur, extremo austral de nuestro país.

Días después se declaró la emergencia por la peste del COVID 19. La actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la comunidad mostró el grado de reconstrucción de la valoración positiva de sus FFAA por parte del pueblo argentino. Las FFAA han cumplido muchas veces un rol destacado ante emergencias y catástrofes, antrópicas o naturales, y ese rol ha sido siempre valorado y reconocido. Es para destacar que esas intervenciones siempre se han dado con una característica, y ha sido que la emergencia afectaba una porción acotada, reducida, localizada, del territorio, y en general eran también limitadas en el tiempo. Esta vez se actuó simultáneamente en todo el territorio nacional y aún en el exterior, en misiones de rescate a compatriotas o de búsqueda de insumos y vacunas, y durante un período de tiempo cuya duración no sólo fue larga, sino en todo momento incierta, sin horizonte definido de finalización. Ese esfuerzo, que se desarrolló sin un solo incidente que lo empañara, fue una operación logística compleja y representó el mayor despliegue posterior a Malvinas.

En el año 2048 se renovará el Tratado Antártico. Ese año puede ser un hito orientador, para tener en cuenta y para pensar cómo queremos que nuestro país se presente en la escena internacional, cómo planificamos llegar a ese momento. Sería deseable poder presentarse con una sociedad cohesionada culturalmente, socialmente justa, equilibrada en la ocupación sostenible de su territorio, con presencia extendida y sistemática en su área de responsabilidad y en custodia de sus espacios soberanos, en su proyección geopolítica regional. Eso no es sólo una cuestión de defensa y de militares, pero no puede prescindir de ellos. Para afrontar la nueva etapa, impulsarla y sostenerla, hace falta empeñar recursos materiales, humanos y presupuestarios, debe ser la voluntad nacional puesta en actos.

En ese sentido este gobierno ha trabajado en dos planos importantes. Uno es el de los recursos humanos, en cuando a la magnitud, la dimensión salarial y el bienestar del personal; otro el de disponer de recursos para recuperar, modernizar y adquirir equipamiento para las Fuerzas Armadas.

Destaco en relación al personal lo siguiente.

En materia salarial la primera medida que se tomó fue implementar una de las cuotas del aumento correspondiente a 2019, que no se había siquiera tramitado cuando cambió el gobierno.

En 2020 se resolvió un postergado problema: que una parte importante del ingreso del personal militar tuviera carácter no remunerativo. En los años 90 se había generalizado que los aumentos salariales no fueran parte del salario. Eso afectaba al jubilarse, y a la vez desfinanciaba el sistema previsional y las obras sociales.

Esto, que se fue corrigiendo entre 2003 y 2007 para todo el empleo formal argentino, tanto en el sector público como en el privado, no se corrigió para las Fuerzas Armadas, y suponía para el personal militar una mala perspectiva profesional, pues al dejar la actividad el haber de retiro era inferior a la mitad. A la vez desfinanciaba I.O.S.F.A., la obra social y al I.A.F., el instituto previsional.

Esta situación fue corregida el 1 de octubre de 2020, en lo que se ha conocido como “el blanqueo”. Además, se pagaron los juicios que se habían generado por esta misma situación. En lo que va de la gestión el presupuesto ejecutado destinado a afrontar esos juicios ha sido de $ 138.000.000.000.

Por otra parte, se unificó el aumento anual con la pauta de incremento del sector público nacional, lo que da previsibilidad y agilidad a la evolución del salario. Esa unificación con la pauta del sector público hace que ahora el aumento impacte en el medio aguinaldo de junio, cosa que antes -al anunciarse recién en la Cena de Camaradería- no sucedía.

Otra realidad que se ha atendido es el relativo rezago del haber militar respecto de otras áreas del Estado. Se ha establecido un cronograma de incremento del salario militar por sobre la pauta general. De este aumento -que muchos cultores del desánimo pregonaron que no se efectivizaría- ya se han pagado las cuotas iniciales según un cronograma definido y respaldado presupuestariamente. Al pagarse la quinta, en el primer trimestre de 2024, este incremento adicional representaría un 60 %.

En cuanto a la obra social del personal militar, IOSFA, se puede exhibir una mejora sensible en su situación económica. Al momento del cambio de gobierno se tomó con deudas por $ 4.500 millones y déficit mensual, y a fin del año 2022 ya no tiene deuda y presenta cuentas equilibradas. Mejoró la accesibilidad, con mejores procedimientos y tecnología para la atención y el seguimiento de trámites. Se ordenó la relación con los prestadores, con un 90% menos de cortes, optimización de la cartilla, sin coseguros, trámites sin autorización en farmacias propias, ampliación de horarios y reapertura de establecimientos.

Al instituto previsional, el IAF, se le restableció el (casi 10%) de aporte estatal que se le había quitado a partir de 2016. Y en un enorme trabajo durante la emergencia del COVID19 avanzó en modernizar, eficientizar y hacer más accesible la atención a los beneficiarios.

El IAF desplegó una línea de trabajo innovadora: otorgar préstamos a las empresas estatales proveedoras del sistema de defensa, para desarrollos tecnológicos. La primera fue un crédito a la Fábrica Argentina de Aviones por u$s 2,5 millones, lo que no sólo constituyó un aporte a la industria nacional para la defensa y al desarrollo tecnológico argentino, sino una inversión rentable para el Instituto, que obtuvo una ganancia de más de U$S 120.000. Para la fábrica, representó un crédito más conveniente que tomarlo en el mercado, o las colocaciones en bonos de deuda a que tendían otras gestiones. Operaciones con el mismo sentido se han acordado con INVAP.

También agilizó la tramitación y se incrementó sensiblemente la liquidación por altas y retroactivos de pensiones por incapacidades sufridas como consecuencia de la Guerra de Malvinas, que se habían frenado y postergado. Y se fortaleció y mejoró la atención, presencial y virtual, y se inauguró la nueva sede del Centro de Atención de la Coordinación de Veteranos de Guerra de Malvinas.

Por otra parte, se ha encarado para los ejercicios 2022 y 2023 otro largamente postergado anhelo: el incremento del número de soldados voluntarios. Para el caso del Ejército, el número de soldados estuvo, desde 1989 hasta 2013 en el orden de los 15.000; aumentó entonces a 17.000 y así permaneció hasta 2021. En este momento está en 29.000, con un punto importante, que ha sido el criterio de aumentar las dotaciones con recursos humanos de la zona, sin movilidad que implique desarraigos.

Este plan continuará hasta alcanzar el número de diseño de las unidades militares. Es relevante para completar la dotación de las unidades, para su funcionamiento y adiestramiento, para el ejercicio de la función de cuadros de oficiales y suboficiales, y también para esos miles de compatriotas que se han sumado a ámbito laboral en cuyo desempeño obtendrán formación y disciplina, y del que saldrán, a los 28 años, con capacidades adquiridas y certificadas. Cuando a principios de 2022 se dio comienzo en Misiones a este plan de incorporaciones, en acuerdo con el gobierno provincial se abrió un programa entre el Ministerio de Educación y el Ejército para la formación de jóvenes en distintos oficios, como herrería, electricidad y tornería.

Señalo estos números y estas acciones porque muestran el esfuerzo que nuestro país ha puesto en fortalecer sus Fuerzas Armadas.

Otro compromiso que nuestro gobierno tomó antes de asumir y ha cumplido se relaciona con los medios para el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Se impulsó y aprobó la ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa, el FONDEF. Esa ley ha permitido contar con fondos para recuperar, modernizar y adquirir equipamiento militar.

Al asumir el gobierno la ley, impulsada por el diputado Agustín Rossi, contaba con media sanción en Diputados. Antes que comience el tratamiento en el Senado se declaró la emergencia del COVID19, con todas las restricciones económicas que implicó, y con el grado de incertidumbre que trajo. Siendo que nuestro país llevaba 35 años de desinversión sostenida, había contexto para postergar, una vez más, el reequipamiento militar. Sin embargo, el Presidente y la Vicepresidenta impulsaron su tratamiento en el Senado, y la ley se aprobó, se promulgó y se implementó.

Hay quienes dicen que en la gestión estatal es tan difícil conseguir plata como gastarla, y se ejecutó totalmente según las previsiones. Desde que se aprobó, en los presupuestos nacionales elaborados por el Poder Ejecutivo se contempló estrictamente lo contempla la ley. En el 2022 la ley de presupuesto no fue aprobada por la oposición, con lo que se consideró el presupuesto ejecutado del año 2021, cumpliendo el porcentaje incremental. Y se ha ejecutado plenamente.

La ley destina a recuperar, modernizar y adquirir material un porcentaje creciente de la recaudación total del estado: 0,35 para 2020; 0,5 para 2021; 0,65 para 2022 y 0,8 para 2023 y en adelante.

Además se ha reglamentado, y se han dispuesto normas complementarias orientadas a desarrollar una red de proveedores nacionales de la defensa (Resolución MD 1611/2022), establecer criterios claros para la transferencia de tecnología asociada a lo que haya que comprar al extranjero (Resolución MD 1612/2022), así como a consolidar programas sectoriales de relevancia, como los vinculados a desarrollos satelitales, de radares, de vehículos no tripulados, de sistemas de propulsión, y de ciberdefensa.

También se aprobó el Plan Plurianual de Investigación, Desarrollo, Innovación y Producción para la Defensa, a través del cual se promueve una visión estratégica y sistémica de la gestión de los proyectos de I+i y Producción para nuestras Fuerzas Armadas; y en agosto del año pasado la que establece el Plan Plurianual de Abastecimiento de Municiones que asigna recursos para la compra de municiones (Resolución 127/2023), programa de adquisiciones que ya se ha empezado a ejecutar con una contratación plurianual con Fabricaciones Militares y compras a China e Israel municiones de diverso tipo, para tanques, guiadas del tipo merodeadoras, y los lanzamisiles antiaéreos RBS-70NG.

Usted ha publicado algunas notas y buenos trabajos reseñando muchos de esos avances y concreciones, así que no hace falta reseñarlos aquí. Menciono sólo algunos en general.

El FONDEF brinda un horizonte de certeza y de previsibilidad al ciclo de planeamiento militar.

El enorme y profundo trabajo que supuso el primer ciclo de planeamiento, que resultó en el plan de capacidades militares vigente, el Plan CAMIL 2011, no contó con ese respaldo ese respaldo presupuestario, lo que lo limitó y condicionó en la ejecución.

El ciclo asociado a la DPDN 2014 fue interrumpido con el cambio de gobierno

En el caso de la siguiente, la DPDN 2018, arrancó con una inconsistencia relevante: la norma dice que la directiva se dicta a propuesta del MD y con el trabajo técnico del EMCO. Aquélla se originó, sin embargo, fuera de la jurisdicción Defensa, en la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no se elaboró con la debida participación y asesoramiento técnico, y hasta mereció observaciones no atendidas en su paso rápido por el Ministerio de Defensa. Ese ciclo de planeamiento ni siquiera se inició, y no se produjo ninguno de los documentos prescriptos por la norma.

Con la DPDN 2021 se desplegó un intenso y metódico ritmo de trabajo por parte del EMCO y las FFAA, que permitió contar con todos los documentos encadenados según el cronograma ajustado de trabajo. Actualmente está en elaboración el último de estos documentos, que es el nuevo PLAN CAMIL.

La DPDN reflejó en su apreciación internacional el imperativo de la unión regional, que se había abandonado al abandonar UNASUR y la experiencia riquísima que supuso el Consejo de Defensa Suramericano.

La presencia inglesa en Malvinas es un desafío para la soberanía nacional, y no Venezuela, como se pretendió hacer creer y se escribió en la directiva de 2018.

La usurpación británica limita la integridad territorial de la República Argentina y atenta contra nuestra proyección en el Atlántico Sur y la Antártida. Más allá de los recursos naturales su interés radica en la proyección hacia la Antártida (el sector reclamado por los ingleses se superpone con el argentino y también parte del chileno), y por ser una posición estratégica para el control del paso entre los océanos Pacífico y Atlántico.

Las Malvinas deben ser concebidas como un objetivo irrenunciable, como expresa el mandato constitucional, y nunca pasibles de ser canjeadas por vacunas Pfizer como propuso la jefa de cierta fuerza política.

La DPDN 2021 da relevancia al espacio sur, al mar, a la Antártida y a la dimensión bicontinental argentina.

En la DPDN figura como mandato la construcción de la nueva base naval en Ushuaia, que permita proyectar el esfuerzo nacional en el paso interoceánico, y sostener el esfuerzo logístico de nuestra campaña antártica. También permitirá poder contribuir al de otros países amigos que quieran aprovechar esas facilidades logísticas y la experiencia que ha acumulado la República Argentina, el país de más larga presencia ininterrumpida en el continente blanco. La nueva Base Naval de Ushuaia ya ha comenzado a construirse.

También allí figura otra obra de proyección para el atlántico sur, como es la reconstrucción y modernización de la Base Petrel, que ya ha tenido los avances de obra suficientes para que vuelva a ser por segundo año una base antártica permanente. Avanza el proceso de ampliar su infraestructura con muelle marítimo apto para buques de gran porte, pista con balizamiento y los servicios necesarios (lucha contra incendios, control aéreo, meteorológico, etc.) para la operación de aeronaves, alojamientos para 200 personas, cámaras frigoríficas, gimnasios, etc.

No figuran explícitamente en la DPDN pero sí en línea con la orientación los esfuerzos de equipamiento de nuevos laboratorios científicos, la modernización de las comunicaciones de las bases, y las obras para disponer de antenas para el monitoreo y ajuste de nuestros satélites de observación en la base Belgrano II, la más cercana al Polo Sur.

En 2021 se constituyó el Comando Conjunto Marítimo en la órbita del EMCO para vigilar y controlar nuestras aguas jurisdiccionales en el Atlántico Sur. Se estableció un trabajo conjunto de patrullaje con la Prefectura Naval Argentina, coordinando y haciendo un uso más eficiente de los recursos. Se han empleado en estas tareas, entre otros medios, los cuatro OPV adquiridos a Francia durante el anterior gobierno, incorporados a partir de 2020 y pagados con recursos del FONDEF. Hace falta continuar, extender y profundizar este esfuerzo, para lo cual habrá que desarrollar y desplegar más patrullas, medios y sensores.

Esto apunta al objetivo de desplegar, de modo creciente, presencia, vigilancia, control y disuasión en el escenario marítimo y antártico, lo mismo que la decisión de constituir la Guarnición Militar Conjunta en Tierra del Fuego, con la instalación de la primera unidad del Ejército en esa provincia.

Concurre a este objetivo el emplazamiento de radares, paso sustancial para la vigilancia en el pasaje y hacia Malvinas. El RPA-170M de la FAA instalado en mayo de 2021 en Río Grande, que ha permitido detectar y evitar los tránsitos aéreos irregulares en el extremo sur argentino.

Lo mismo que fortalecer la Base Aérea Militar Río Gallegos, volviendo a su nivel de Brigada Aérea con la asignación de aviones IA-63 Pampa III artillados y aviones de transporte ligero. Se ha logrado un importante objetivo al asegurar conectividad entre el territorio continental y la isla de Tierra del Fuego a través de la ruta aérea entre San Julián, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia sostenida por la Fuerza Aérea a través de LADE, con aeronaves DHC-6 Twin Otter y SAAB-340B.

A diferencia de lo que decía el decreto 703/2018, nosotros no cerramos Divisiones del Ejército, ni vendemos cuarteles, ni ofrecemos de modo gratuito y directo bases aéreas a empresas privadas. Por el contrario, los abrimos, como en Tolhuin y Catamarca, o como la readecuación de proyección a futuro de Chamical.

Señalemos que en Catamarca hacía treinta años que no había guarnición militar. En acuerdo con el gobierno provincial se comenzó la construcción de nuevos cuarteles, para albergar unidades de Ingenieros del Ejército.

La vieja Base CELPA de Chamical, en La Rioja, que fue señera en el desarrollo de la cohetería argentina, se readecua como centro para formación y adiestramiento en el manejo de vehículos no tripulados. Ya se ha comenzado con el dictado de cursos conjuntos para pilotos de drones, así como de instructores y operadores de sistemas de defensa antiaérea RBS-70NG de corto alcance que se adquirieron para las tres Fuerzas Armadas.

En Tolhuin se establecen por primera vez elementos del Ejército Argentino, en el marco de la creación de la Guarnición Militar Conjunta de Tierra del Fuego.

No es cuestión estrictamente militar, pero cabe acotar que establecer la presencia en Tolhuin, localidad de 6000 habitantes, en vez de en Río Grande o Ushuaia que tienen 100.000, obedece a una elección de ambiente geográfico necesaria para el despliegue y el adiestramiento, pero también tiene un sentido que recupera un rol que las FFAA tuvieron siempre, y aún desde los tiempos de la Colonia, que es el de desplegarse en el territorio, y afianzarlo en sus relativos vacíos geopolíticos.

Esto exhibe una voluntad nacional de recuperar y potenciar a las Fuerzas Armadas Argentinas, con hechos, con políticas escritas, planificadas presupuestadas y que se van concretando y materializando. Voluntad nacional que hay que sostener, extender y profundizar.

Se trabaja con universidades y empresas argentinas para el desarrollo y producción local de indumentaria militar, paracaídas, raciones de combate, y distintos tipos de simuladores (de tiro, de conducción de vehículos, de vuelo, elevadores de carga, de submarinos, etc.). También en el desarrollo y fabricación en serie de sistemas aéreos no tripulados para las tres FFAA, contemplando el helicóptero RUAS-160 para la Armada Argentina, los de ala fija Búho y Aukán para la Fuerza Aérea Argentina y un sistema híbrido (ala fija y rotores) para el Ejército Argentino.

Se ha impulsado un plan de adquisición de indumentaria, proyecto financiado por FONDEF, del que participan empresas nacionales, y que tiene por objetivo sostener en el tiempo el suministro del vestuario necesario para los miembros de las Fuerzas Armadas argentinas. Se completó la primera etapa mediante la entrega de 75 mil uniformes de combate, tanquistas, aeronáuticos y de uso diario. También se ha provisto botas de combate, abrigos polares, trajes de protección climática, camperas de vuelo, etc

Hay tres programas de adquisiciones fijados entre las primeras prioridades, que están en tratativas avanzadas. Me refiero a las negociaciones con Brasil para incorporar Vehículos de Combate Blindados a Ruedas (VCBR) “Guaraní” para el Ejército Argentino; y con Francia y Alemania para concretar la compra de nuevos submarinos para la Armada Argentina. La Fuerza Aérea necesita incorporar aviones supersónicos de combate, con sus respectivos sensores, armamentos, sistemas de reabastecimiento en vuelo, apoyo logístico, simulador y la infraestructura en tierra; y evalúa opciones de India, EEUU y China.

Se incorporaron más de 250 camiones y vehículos de campaña y guarnición de diversos modelos y prestaciones para las tres FFAA. También equipos especiales y maquinaria pesada para la Dirección de Ingenieros como camiones volcadores, retroexcavadoras, etc. Se están recuperando las Barcazas de Transporte Pesado del Ejército Argentino.

La reciente inauguración, en febrero pasado, de la nueva Planta de Recuperación y Modernización de Vehículos a Rueda en el predio del Batallón de Arsenales 603, en Fray Luis Beltrán, Santa Fe, dará al Ejército Argentino autonomía para el mantenimiento de sus vehículos de hasta 15 toneladas, y dinamizará al sector privado de proveedores de la región.

Se inició la modernización en serie de setenta y cuatro unidades del Tanque Argentino Mediano (TAM) al estándar TAM2C-A2 que contempla la sustitución de sistemas electrohidráulicos de la torre por accionamientos eléctricos más modernos y precisos, sistema de gestión del campo de batalla (BMS), sistemas optrónicos, unidad de potencia auxiliar, nuevos equipos de comunicaciones, sistemas de alerta láser y protección. Es relevante la participación en parte de este proyecto de la empresa IMPSA, ahora controlada por el estado.

Otro punto de relevancia ha sido retomar el programa de radarización, en el marco del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, contratado con INVAP. Entre 2015 y 2019 ese programa fue prácticamente suspendido en su ejecución. Sólo se completó el radar que ya estaba en fabricación y que se emplazó, sin infraestructura adecuada, en la ciudad de Villaguay en ocasión de la cumbre del G20. Completada esa instalación, este año entrarán en funcionamiento los radares ubicados en Mercedes, Corrientes, y Tostado, Santa Fe. El programa con INVAP contempla el desarrollo y la provisión de otros tipos de radares, como los móviles RPA-200M de largo alcance y los de defensa aérea RMF-200V.

TANDANOR ya inició la construcción seriada de doce remolcadores de puerto, para asegurar autonomía de la Armada en los movimientos de arribo y zarpada de sus buques. Con el FONDEF en general, y este contrato en particular, se abre un horizonte temporal y un volumen de inversiones que habilita la puesta en funcionamiento de una planta de chapa naval en la ciudad Villa Constitución para abastecer las demanda.

Y también TANDANOR comienza ahora la construcción de un buque polar, en conjunto con el Astillero AKER de Finlandia, que transfiere la ingeniería. Ese buque polar complementará el desempeño del rompehielos Almirante Irízar.

Se desplegó la primera etapa de Red de Fibra Óptica de la Defensa, en dispositivos de software y hardware propios; se mejoró el desempeño de las empresas de defensa, de los institutos y direcciones de tecnología. FADEA trabaja en reparación y mantenimiento, en modernización y en fabricación de helicópteros, no tripulados y aviones, como los Pucará y los Pampa, entre otros. Del mismo modo, como ya mencionamos, TANDANOR ha tenido un notable incremento de su actividad, al igual que Fabricaciones Militares, que ha podido reabrir la planta de Azul, que había sido cerrada en 2017.

¿Algún comentario o reflexión que quiera compartir con nuestros lectores?

La Defensa Nacional debe ser concebida y gestionada como una verdadera política de estado, permanente y ampliamente conocida, consensuada y comprendida; es necesario que las Fuerzas Armadas recuperen sus capacidades militares y las amplíen en consonancia con las dimensiones y riquezas que tiene nuestro país.

Cada tanto reaparecen planteos de policializar las fuerzas armadas, ya no con el concepto de la doctrina de la seguridad nacional sino con nuevas coartadas, todas orientadas a apartarlas del rol de custodia de la soberanía de los territorios nacionales. Eufemismos o doctrinas de importación, como fue lo de las nuevas amenazas -a las que nuestro país nunca se plegó-, que retoman la idea de que sólo debe haber guardias nacionales o “small forces”. Ahora aparecen nuevos eufemismos, para disfrazar de modernidad el abandono del interés nacional. Así escuchamos que como las fronteras del ciberespacio son confusas, hay que cambiar las leyes y mezclar defensa nacional y seguridad interior. En vez de estudiar y profundizar para definir los límites -como intentó la Europa atlantista con el Manual Thalin, postulan que hay que cambiar las leyes para confundir todo de nuevo. Eso es un primer movimiento para la reducción presupuestaria y de efectivos, en camino al desvío de los objetivos. Lo mismo con la prédica de unificar en el nombre de una seguridad nacional integrada. Otro cuento que pretende ser copia de los EEUU, país que sin embargo muy lejos está de convertir en policías a sus fuerzas armadas. Aunque a veces algunos lo prescriban para los demás.

Nosotros debemos tener fuerzas armadas modernas, formadas y equipadas, con un rol claro de custodia de nuestra soberanía y al servicio del interés nacional, y no a dictados de potencias.

Invertir en Defensa en invertir en desarrollo social y económico, es apostar a esa Argentina grande con que San Martín soñó, que podemos y debemos ser. Confío en que se mantenga el rumbo y que los aciertos de cada gestión sean mantenidos y reforzados por las subsiguientes, y que en todo caso la competencia se dé no en bloquearse y volver atrás cada vez, sino en el plano de quién ejecuta mejor esas políticas acordadas, quien las profundiza, quién las acelera.

La política de defensa debe quedar fuera de la puja partidista, y también de la promoción del desánimo promovida por alguna facción como táctica electoralista, o de subordinación a concepciones coloniales.

Cuesta dar crédito a cierto tipo de crítica, sistemática y persistente, por parte de gente que cuando tuvo oportunidad de decidir, no hizo lo que postula y ni siquiera fijó posición pública mientras tenía situación y actividad.

Fíjese la actitud ante el FONDEF, por ejemplo. Cuando se presentó el proyecto de ley, hubo quienes se opusieron en la Comisión de Defensa, y costó darle dictamen. Luego tuvo, sí, una amplia mayoría en la votación. Pero entonces hubo quienes empezaron a decir que no se aprobaría en el Senado. Y así durante ocho meses, y cuando finalmente se aprobó pasaron a decir que no se implementaría, y hasta octubre de 2021 desalentaban que se presentaran proyectos, aduciendo que no se contaría con los créditos, “como siempre pasa en este país”, “como resulta esperable por esta gente que quiere destruir a las Fuerzas Armadas”, “como corresponde a estos políticos que dicen que no tenemos hipótesis de conflicto”. Idéntica actitud que les vimos gente con la recuperación salarial. Cada vez que la realidad refutó sus agorerías, en vez de cambiar de actitud buscaron nueva argumentación para el desánimo.

¿Se imagina usted cuánto hubiera durado la guerra de Troya si esa hubiera sido la actitud de los sitiados? Nos hubiéramos perdido los poemas de Homero. Hubiese entrado todo en un comentario de twitter.

* El autor, J. J. Díaz, es magíster (ITBA) y master europeo (EOI) en Dirección Estratégica y Tecnológica. Se desempeña como Consultor de Empresas y Gobiernos.